El contexto de crisis económica hizo que quienes habían reservado viviendas en blanco o verde se retractaran de concretar su compra inmobiliaria.
Una de las primeras máximas jurídicas, que todo abogado aprende, es que “a lo imposible, nadie está obligado”. ¿Cuál es el espíritu de esta frase? Que una persona podría incumplir una obligación como consecuencia de que le resulta imposible llevarla a cabo.
Hoy vemos que esta máxima se podría aplicar, lamentablemente, al caso que afecta a miles de personas quienes, previo a la crisis, dieron el primer paso para convertirse en propietarios de una vivienda.
Según cifras recopiladas por la plataforma inmobiliaria TocToc, solo en la Región Metropolitana se registraron 1.170 desistimientos de promesas de compraventa en el segundo trimestre del año. El contexto de crisis económica, alta inflación, alza de la UF e incertidumbre política, hizo que quienes habían reservado viviendas en blanco o verde se retractaran de concretar su compra.
Todos ellos habían comenzado los trámites para conseguir “el sueño de la casa propia” en otro contexto: con una economía medianamente sólida, un mercado laboral estable, una inflación en las metas establecidas por el Banco Central y tasas de interés en parámetros normales.
Un escenario totalmente distinto a la realidad actual, donde la principal recomendación para los consumidores es ser conservadores y no adoptar decisiones que podrían afectar la economía familiar por los próximos 15, 20 o 30 años.
A lo imposible nadie está obligado: esto explica que los números sobre retractaciones de compra crecieran un 20% por trabas crediticias y temores inflacionarios. Son esas personas o familias las que ven desplomarse el genuino sueño de comprar su vivienda, una meta que en las condiciones actuales se ha transformado en un imposible.
Muchas de estas personas ven en este ambiente de inestabilidad un escenario poco favorable para acceder a compromisos de largo plazo, pero también hay quienes, simplemente, no son sujetos de crédito por cambios en su realidad laboral desde la promesa de compraventa hasta el momento de la entrega. Así, la obligación contraída en un contexto social, político y económico totalmente distinto pasa hoy a ser un imposible.
La reflexión es si, en este momento, podrán existir acuerdos entre las inmobiliarias y aquellas personas que firmaron promesas de compra, de manera de facilitar su desistimiento sin incurrir en las onerosas multas dispuestas en contratos firmados previamente. Es de esperar que se pueda avanzar hacia una solución que no ponga en riesgo el patrimonio de estas familias y les permita, más adelante, por fin hacer realidad sus sueños.