A todas luces, el proyecto de ley para terminar con el DICOM de personas y pymes no es una buena política pública; no apunta en la dirección correcta. 65 Ya es todo un hábito.
Cada diez años, puntualmente, nuestros parlamentarios vuelven a presentar algún proyecto relacionado con eliminar del sistema financiero las deudas de los consumidores del país. Esta vez, la iniciativa apunta al “borronazo” de aquellas personas que están en los registros de morosidad con montos menores a los $2.5 millones.
Si bien las personas perciben estas propuestas –en este caso, presentada por un grupo transversal de diputados– como un beneficio, hay bastante más en qué fijarse que solo en los grandes titulares, por ejemplo, en que el 60% de quienes salen de DICOM vuelven a ingresar al mismo registro de información comercial al pasar doce meses.
Nuestro diagnóstico -por la experiencia que nos entregan estos más de 20 años acompañando a deudores- es que esto ocurre por falta de solvencia, emergencia o, simplemente, por carecer de la educación financiera necesaria para saber gestionar con responsabilidad los instrumentos crediticios. Y lo que este proyecto peligrosamente hace es volver a insertar como personas aptas para obtener créditos, a aquellas que ya no podían hacerlo.
El “borrón y cuenta nueva” es un concepto que no explica con exactitud el detalle de este proyecto de ley. Esto, porque lo que podría hacer esta normativa no es “eliminar” las deudas, sino, simplemente, retirar el nombre de la persona morosa del boletín comercial, y que las instituciones financieras y del retail no puedan informar sobre aquellos usuarios que tienen deudas pendientes.
Dicho de otro modo, la deuda no se extingue, sigue existiendo y el deudor puede seguir en su senda de consumo. Sus compromisos financieros, al final del día, no desaparecerán y continuarán presentes en sus vidas.
Para la industria, efectivamente, es una buena noticia -en especial para algunos empresarios. Y es que, con este “borronazo”, miles de personas volverán al ruedo del consumo. Es un verdadero “regalo caído del cielo” para las instituciones financieras, sobre todo, en este tiempo de alza de tasas de interés, restricciones para el endeudamiento y crisis económica.
A todas luces, el proyecto de ley para terminar con el DICOM de personas y pymes no es una buena política pública o, al menos, no apunta en la dirección correcta.
Por un lado, no genera incentivos para aquellas personas que cumplen responsablemente con sus compromisos. Y por otro, no resuelve las dificultades estructurales que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, entre estas la falta de liquidez y el acceso oportuno y conveniente a crédito.
Más bien, esta poco novedosa idea del “borronazo” sería algo así como lograr la paz mundial silenciando a los corresponsales de guerra; o terminar con la pandemia simplemente prohibiendo hacer exámenes para detectarlos. Quizás, siguiendo esta lógica, pronto seamos capaces de controlar la inflación con una nueva norma que permita dejar de medirla.
