October 2022
  • Ricardo Ibáñez, fundador de Defensadeudores.cl, destacó que la normativa permitió a miles de personas naturales y jurídicas volver a emprender o reinsertarse en el sistema financiero.
  • Pese a ello, aseguró que la falta de acceso para acreedores de créditos con aval del estado y la permanencia de informes de morosidad paralelos son aspectos por resolver.

A ocho años de la entrada en vigencia de la Ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas –comúnmente denominada como Ley de Quiebra–, especialistas de Defensadeudores.cl valoran el carácter transversal de los beneficiarios de la normativa, pero advierten acerca de la exclusión de deudores CAE y la existencia de registros paralelos para reinsertarse en el sistema financiero.

El fundador del estudio jurídico –que asesoró a medio millón de chilenos en los últimos 20 años por problemas de morosidad- destacó que el balance de la normativa es positivo, principalmente por sus beneficios a personas naturales y jurídicas, aunque aún queda mucho por avanzar.

“A ocho años de su puesta en marcha, la ley ha tenido impactos positivos para miles de personas y empresas que han visto en los procedimientos asociados a esta normativa una solución a sus problemas de endeudamiento, que les ha permitido volver a emprender o bien reestructurar sus pasivos. Desde ese punto de vista no hay reparo alguno respecto a la transversalidad de los beneficios de la ley”, explica el abogado Ricardo Ibáñez.

De acuerdo con cifras oficiales, solo en 2021, se registraron 5.219 procedimientos concursales de la Ley 20.720 (un 45% de ellos en la Región Metropolitana y un 54% en regiones). A agosto de este año, se observa una disminución en el acceso a los recursos legales disponibles, en proporción respecto al mismo período enero-agosto del último año, cayendo desde los 3.800 a los 2.400.

Ibáñez recalcó que, pese a los aspectos positivos de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, la regulación debe resolver dos de sus más importantes debilidades: la exclusión de los deudores por Crédito con Aval del Estado y las dificultades que enfrentan algunas personas que optaron por la quiebra para volver a acceder a productos financieros.

“Respecto a estudiantes universitarios que han sufrido endeudamiento por CAE, se han visto marginados de procesos de insolvencia, de tal manera que una deuda estudiantil les impide rehabilitarse y reinsertarse en el sistema financiero”.

“Y, por otro lado, su aplicación no ha sido a cabalidad, porque si bien es cierto que las personas que se someten a estos procedimientos quedan sin antecedentes comerciales, en la práctica son excluidos del sistema financiero y solo han logrado la apertura de productos crediticios mediante la interposición de recursos extraordinarios ante tribunales, no debiendo ser este el camino”.

Entre los puntos que el abogado expone como necesarios de ser reformados en el corto plazo están: quitar el carácter de empresa deudora a las personas que han emitido boletas en los últimos 24 meses (lo cual las excluye del procedimiento de renegociación que es solo para personas naturales); la posibilidad para las empresas de reorganizar deudas excluidas, como las previsionales; y hacer más accesibles los procesos de reliquidación de pymes de menor tamaño.

Opciones legales ante la crisis

Ibáñez proyectó que el 2023 será un año donde los tribunales de justicia del país se verán obligados a tramitar un número récord de procedimientos concursales por la ley 20.720. La crisis económica derivada de la pandemia, las tensiones sociales y políticas, y el empeoramiento de factores macroeconómicos como la inflación, el desempleo y el crecimiento, hacen de esta normativa una oportunidad para empresas y personas naturales.

“Será una ley que estará en boga en 2023. Ya estamos viendo el último semestre que grandes empresas han comenzado a someterse a procesos de reorganización, reestructuración o liquidación, y esas mismas empresas provocarán un efecto dominó que llevará a pymes y personas naturales a someterse a los mismos procedimientos. Es más importante que nunca que los ciudadanos se informen de las alternativas legales disponibles en este difícil escenario”, concluyó.