El abogado de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, afirmó que el alza en el número de liquidaciones voluntarias y forzosas ingresadas en la Corte de Apelaciones de La Serena, da cuenta de una realidad absolutamente predecible y que más aun, en los próximos meses no hará más que profundizarse como resultado de la recesión en la que entrará la economía nacional durante el año que recién inicia y los cambios a la Ley 20.720 o de quiebras.
De acuerdo a información del Poder Judicial (PJUD), dada a conocer a Diario El Día por Defensa Deudores, las peticiones de liquidación voluntaria y forzosa de personas y empresas subieron un 47% durante el primer mes del año en Chile.
Así, aumentó la tramitación de recursos por sobreendeudamiento en cortes de apelaciones de prácticamente todo el país, alcanzado un incremento de hasta 300 por ciento en algunos lugares.
De hecho, solo tres zonas escaparon a la tendencia: Punta Arenas, Talca y Concepción.
En detalle, mientras las solicitudes de quiebra voluntarias se incrementaron un 39%, los requerimientos forzosos lo hicieron 173 por ciento en comparación a igual período del 2022.
El abogado de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, afirmó que los porcentajes conocidos hablan de una realidad absolutamente predecible y que más aun, en los próximos meses no hará más que profundizarse. Esto, como resultado de la recesión en la que entrará la economía nacional durante el curso que recién inicia y los cambios a la Ley 20.720 o de quiebras, que facilitarán la presentación de procedimientos de liquidación forzosa.
"Hemos anunciado esta situación desde el comienzo de la entrega de bonos y los retiros del 10 por ciento, porque sabíamos que se trataba de medidas de apoyo no permanentes. Las cifras anticipan los impactos de la profunda recesión que vamos a experimentar en los próximos dos años. Lo peor aún está por venir, lamentablemente". agregó.
En esta línea, el jurista señaló que "las cifras del primer mes del año son elocuentes respecto a la dimensión del problema que enfrentamos como país, las proyecciones económicas y modificaciones legales que se avecinan hacen prever que con seguridad, el escenario será incluso peor en los próximos dos o tres años".
El alza en los ingresos por quiebra es un fenómeno que se observa en todo el territorio. Por ejemplo, en Arica la subida fue de 225%, en Antofagasta 107, en Copiapó 100, en Valparaíso 100, en Rancagua 25, en Temuco 275 y en Valdivia en un 300 por ciento. En tanto, en la Región Metropolitana, los tribunales de Santiago y San Miguel tuvieron aumentos de 31 y un 15% respectivamente.
Todavía más, el incremento de 173 por ciento en las peticiones de liquidaciones forzosas durante el período en cuestión, prácticamente triplicó lo registrado por el PJUD en diciembre del año pasado.
En cuanto a la tramitación de recursos por sobreendeudamiento en la zona, la Corte de Apelaciones de La Serena anotó un incremento de un 80%.
"El ámbito local tiene un porcentaje superior a la media nacional, lo que es muy preocupante. La economía de este sector se mueve en base a la minería y es así como se ha visto que personas ligadas a ella quedaron desempleadas en el último tiempo, por cuanto una baja en la inversión (...) en particular las solicitudes de liquidaciones forzosas, que son aquellos procedimientos en que los acreedores requieren la quiebra de una empresa, subieron en 200 por ciento", complementó el abogado de Defensa Deudores.
Ahora bien, el fundador del estudio jurídico especializado en insolvencia manifestó que el actual escenario es resultado del mal enfoque en las ayudas económicas que se entregaron a la población a causa de la pandemia por COVID-19.
"Esto generó la inflación de la que hoy todos somos víctimas. Si bien es cierto que los retiros de fondos previsionales fueron una suerte de paracetamol en la crisis... estamos viviendo el efecto que produjo: ingresos que no subieron acorde al costo de la vida", dijo.
Por último, Ibáñez sostuvo que en el contexto de crisis económica, los pronósticos no son alentadores y tampoco se perciben acciones por parte de las autoridades para mitigar los efectos del problema de fondo.
"Es momento de promover mecanismos que ayuden más a la renegociación de deudas que a las liquidaciones forzosas o voluntarias. No hay rubro económico que se escape. Es una realidad a nivel nacional y por eso, la población debe informarse de los derechos que tiene y tomar decisiones oportunas", terminó.
