Un 23% bajaron las compañías que se acogieron a quiebra en la región. Eso sí, más allá de que esto pueda considerarse un avance, para el abogado y socio de Grupo Defensa, Ricardo Ibáñez, este mecanismo beneficia mayormente a las grandes compañías debido a que las medianas y pequeñas no pueden solventar su costo.
De acuerdo a información de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR), durante el primer semestre de este año, 533 empresas deudoras pidieron su liquidación en todo Chile. Muy por debajo de las 1.477 que se registraron en el mismo período del curso anterior. Por su parte, en la Región de Coquimbo, las compañías que solicitaron su quiebra bajaron en un 23%. Números que evidenciarían que las empresas están decidiendo reorganizar sus pasivos en vez de acogerse a liquidación. Aunque esto no sería del todo positivo. Así al menos lo afirmó el abogado y director de Grupo Defensa, Ricardo Ibáñez.
Es así como reveló que la mayoría de las compañías que eligieron su reestructuración judicial son de gran tamaño, porque solo ellas están en condiciones de afrontar el costo económico que tiene este procedimiento. ‘Continuamos teniendo una justicia desigual en el país, debido a que los costos para acceder a la reorganización están totalmente fuera de rango para una pequeña y mediana empresa’.
‘Por ejemplo, este proceso puede costar hasta 15 millones de pesos, lo que es prácticamente el capital de trabajo de una pyme’, agregó el jurista. Además, señaló que al elegir reestructurarse, las grandes compañías quedan protegidas por el período financiero concursal y dejan de pagar créditos o morosidades con sus empresas contratistas.
‘Te lo explico así: una gran constructora debe miles de millones de pesos y se acoge a reorganización, procedimiento durante el que estará protegida, o sea nadie puede demandarla o pedir su quiebra. No obstante, en ese tiempo, le corta los flujos a sus contratistas, por lo que estas últimas deben optar por su liquidación’, complementó el socio de Grupo Defensa. Asimismo, manifestó que este fenómeno es igualmente preocupante, por cuanto Chile entrará en recesión el 2023 y si no se tiene una normativa que permita a las pequeñas y medianas empresas reorganizarse a un costo accesible, miles van a desaparecer.
‘Si no tenemos una legislación concursal o de quiebra moderna que permita que grandes y chicos jueguen en una cancha medianamente pareja, van a desaparecer los chicos y los grandes terminarán robusteciéndose. En medio de una crisis, el rico se hace más rico y el pobre más pobre‘, dijo Ibáñez. En este sentido, sostuvo que el próximo año, la contracción financiera será tan fuerte que las altas tasas de interés harán que no solo las compañías, sino también las personas, no puedan optar a una reestructuración, repactación o simplemente a nuevos créditos, lo que va causar que el endeudamiento siga al alza.
‘Debiésemos terminar este 2022, con una morosidad cercana a los 4,5 millones de chilenos. Por eso, el próximo va a ser un año histórico en número de procedimientos concursales iniciados, ya que la liquidez que vimos en marzo, se acabó. Estamos con una morosidad que sube todos los meses’, agregó el abogado.
¿Cómo funciona la Ley de Quiebra?
La Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento o de Quiebra ha beneficiado a casi 30 mil personas desde su entrada en vigencia en octubre del 2014. Normativa que tiene como novedad también incluir mecanismos para personas naturales, con la promesa de la rehabilitación financiera. A ocho años de su puesta en marcha, Defensa Deudores compartió algunos consejos fundamentales a tener en cuenta.
Cuando una persona se encuentra en estado de insolvencia económica, puede acogerse a la Ley de Quiebra. Con esto podría extinguir la totalidad de las deudas y por ende, salir de los registros de deudas como DICOM. De este modo, esta normativa entrega dos opciones a las personas con problemas financieros que se pueden escoger dependiendo de la gravedad de la situación: la renegociación y la liquidación.
La primera, es una buena opción en aquellos casos en que todavía existe cierta capacidad de pago, pero se necesita más plazo o bajar el monto de la cuota mensual para poder cumplir. Con la renegociación se busca generar un nuevo acuerdo de pago con las instituciones financieras que prestaron el dinero, tomando en consideración la realidad actual del deudor.
Además, se puede conseguir la condonación de los intereses y de parte del capital adeudado. En tanto, la segunda es el procedimiento que le da el nombre a la ley, la quiebra y es para los casos en que las personas ya no tienen el dinero suficiente para cumplir con sus compromisos financieros. En este caso, se rematarán los bienes del deudor y con el dinero obtenido de la venta se pagará a sus acreedores. Aunque el monto de las deudas sea superior a la cifra obtenida del remate, todas las deudas incluidas en la quiebra se considerarán extintas.
Fuente: El Día
